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Luis Escribano del Vando es andaluz, nacido en Sevilla. Licenciado en Ciencias Químicas (Rama Industrial), también se ha formado en Ciencias Ambientales, Dirección y Gerencia Pública, Competencias Directivas, Calidad en las Organizaciones, Presupuesto y Gestión del Gasto de la Junta de Andalucía, Procedimiento Administrativo, Gestión y Control de Subvenciones, Administración Electrónica y Contratación Administrativa, entre otras materias.

Funcionario de carrera del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía, tiene más de 20 años de experiencia en la Administración Pública andaluza. Antes también trabajó en la empresa privada. Ha ocupado diversos puestos técnicos de responsabilidad directiva en distintas Consejerías de la Junta de Andalucía.

Ha sido miembro de las Juntas Directivas de las Asociaciones “La Resistencia Ciudadana” y “El Tercer Lado”, desde las cuales ha desarrollado su labor de lucha y denuncia contra la corrupción en Andalucía. Hoy, 28 de febrero, Día de Andalucía, lo entrevistamos en Flores del Desierto. 

– ¿Qué puesto ocupa en la actualidad en la Administración andaluza?

Actualmente ocupo el puesto denominado Servicio de Cooperación Económica de la Dirección General de Administración Local, en la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales. Creo oportuno señalar que este nombramiento es de conocimiento público dado que está publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a diferencia de las personas que se contratan laboralmente en los entes instrumentales de la Junta de Andalucía -”administración paralela”-, dado que en dicho Boletín Oficial no se publican ni las pruebas de selección y provisión ni los nombres de los seleccionados, es decir, estos contratos se realizan sin la transparencia debida, en perjuicio del resto de ciudadanos que, pudiendo optar a dichos puestos de trabajo, no han tenido siquiera la oportunidad de solicitarlo.

Sería deseable que los políticos responsables, empezando por la Presidencia de la Junta de Andalucía, expliquen a la ciudadanía el motivo de esta discriminación. No son necesarias leyes de transparencia, sino simplemente ser transparente. La opacidad es una señal de que las cosas no se hacen bien.

– ¿Cuándo empieza su labor de denuncia en la Administración?

La primera vez que denuncié una actuación de la Junta de Andalucía se remonta al año 1994, cuando interpuse un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por vulneración de derechos fundamentales –igualdad, mérito y capacidad- de la convocatoria de un concurso de méritos que afectaba a toda la Administración General. El Tribunal lo suspendió cautelarmente y luego lo estimó anulando el concurso y condenando en costas a la Administración. A partir de ahí fueron varias las actuaciones judiciales interpuestas contra actos de la Junta de Andalucía, consiguiendo incluso una sentencia que anulaba un acto administrativo -del año 1995- de un alto cargo por “desviación de poder”. Algunos de los políticos que participaron en dicha “desviación de poder” han seguido ocupando cargos públicos en la Administración de la Junta de Andalucía durante años, y siguen a fecha de hoy, hecho éste que muestra como la calidad ética y democrática del partido político que lleva gobernando tantos años en Andalucía deja mucho que desear (PSOE-A), aunque sus líderes insistan en que los nuevos aires en el partidoson distintos. A la prueba me remito.

– ¿Ha tenido problemas por esta actitud de denuncia y exigencia del cumplimiento de la legalidad?

Sí, los he tenido hace algunos años, especialmente cuando el “mobbing” o acoso laboral todavía no era delito. Lamentablemente, no siempre en la Administración de la Junta de Andalucía los cargos públicos sirven a los intereses generales, como lo muestra, por ejemplo, las numerosas sentencias judiciales firmes dictadas por los Tribunales. En ocasiones, los informes que ajustados a Derecho suscribimos algunos funcionarios incomodan a determinados altos cargos, porque lo consideran un obstáculo para conseguir lo que han decidido, sea legal o no, sin antes haberse asesorado adecuadamente. La mayoría de la ciudadanía desconoce que cuando los intereses electorales o particulares de los altos cargos o directivos se superponen a los intereses generales, se crean situaciones tensas en el trabajo de los funcionarios, muchos de los cuales han optado, tristemente, por callar y rendirse ante las presiones, aunque todo hay que decirlo, el sistema –diseñado por los políticos, no lo olvidemos- no ampara realmente a quienes sufren estas presiones. Estas situaciones acaban en último término perjudicando a la ciudadanía en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

No obstante lo anterior, también es justo señalar que en algunos puestos que he ocupado anteriormente y en mi actual puesto no he sufrido ninguna injerencia en mis funciones por parte de mis superiores jerárquicos.

– ¿Cómo define usted la corrupción?

Podría definirla de distintas maneras, en función de la óptica utilizada en su análisis (administrativa, penal, social, policiaca, etc.), del sector afectado (público o privado), de la gravedad de sus medios y efectos (violencia, malversación, muerte de personas, etc.), su temporalidad, cantidad de sujetos implicados y demás variables. La Real Academia Española define la corrupción como la acción y efecto de corromper, de echar a perder, depravar, dañar o pudrir, de sobornar a alguien con dádivas o de otra manera.

Sin embargo, dada mi condición de operador público –funcionario-, definiré corrupción  como cualquier acción que implique una gestión indebida y abusiva de los asuntos y bienes públicos, ya sea los actores públicos o privados.

– ¿En Andalucía, presenta características singulares?

 Cuando un mismo partido político (PSOE-A) gobierna sin alternancia tantos años una Comunidad Autónoma como Andalucía, cuya situación no es precisamente positiva a la vista de los datos sociales, económicos y financieros (empobrecimiento, caída de la inversión, desempleo, ineficacia del sistema educativo, deuda pública, recortes en los presupuestos,  etc.), la posibilidad de que aparezca la corrupción en las instituciones públicas y en nuestra sociedad es muy elevada, como ha pasado en muchos países. Un “régimen” como el que padece Andalucía es un caldo de cultivo para la corrupción. La alternancia en el poder es una buena fórmula para luchar contra su generalización. Por higiene democrática, es imprescindible airear los cajones que tanto tiempo han estado en manos del mismo partido político.

El alejamiento de los ciudadanos andaluces de la política ha conducido al partido socialista a convertirse en un partido “cártel” (sigo a los politólogos Katz y Mair en la argumentación): cuando las bases sociales, los afiliados y los simpatizantes no tienen suficientes medios económicos  o se alejan del partido político en el poder y, por tanto, dejan de realizar, entre otras cosas, aportaciones económicas, el partido necesita asegurarse su supervivencia en otro lado. ¿De qué manera? Dejando de ser intermediarios entre la sociedad andaluza y las instituciones públicas para ser absorbidas por estas últimas. Una vez en el poder, el partido se confunde con las instituciones, y al ser el responsable de regular el manejo de los fondos públicos y de las contrataciones de su personal, convierte a la Junta de Andalucía a través de su Administración Pública y de sus entes instrumentales en su principal financiador. Ya no necesitan a sus bases para sobrevivir –aunque sí a su electorado-. La política acaba así profesionalizándose: el partido se convierte entonces en una asociación de profesionales de la política y el clientelismo en su granero de votos.

¿Acaso alguien piensa que en Andalucía los apoyos que reciben de las agrupaciones los líderes del partido socialista es gratis? No, tristemente acaba pagándose con nombramientos y contratos de personas y empresas, pero con dinero público, no del partido, y sin tener en cuenta en demasiados casos las competencias de las personas contratadas.  Es un círculo vicioso y perverso que no ayuda en nada a la calidad democrática de las instituciones públicas, y menos aún para sacar a Andalucía del pozo en el que ha caído.

¿Qué ha pasado en Andalucía en los últimos 20 años para que se hayan extraviado tantos fondos públicos como estamos conociendo  través de casos como el de los ERES, Invercaria, formación, etc.?

Son muchos los hechos a significar, pero en resumidas cuentas he de señalar a la huida permanente del Derecho Administrativo como una de las causas del extravío de fondos públicos en ayudas y subvenciones, pero sin olvidar que también se extravían fondos públicos en contrataciones innecesarias o irregulares, tanto de personal como de empresas. El Derecho Administrativo, reconocido en nuestra Constitución, es el instrumento que impone los límites necesarios a las decisiones que pueden adoptar las autoridades y funcionarios que ocupan nuestras Administraciones Públicas, de forma que ni unos ni otros puedan decidir arbitrariamente, es decir, según su capricho personal. En Andalucía, lamentablemente, las personas que han ocupado las instituciones públicas impuestas por el partido socialista han utilizado el Derecho para ponerlo al servicio de los intereses del partido, y no de los intereses generales, llegando a infringir derechos fundamentales de la ciudadanía y demás principios constitucionales, entre ellos, la seguridad jurídica, que brilla por su ausencia, y que es un obstáculo insalvable para las inversiones privadas en nuestra región.

Es tal la degeneración propiciada en Andalucía por el partido socialista, que hasta la propia Administración Pública, organización que, dada su regulación, considero es el instrumento organizativo más adecuado para la satisfacción del interés general, ha sufrido esa degeneración con numerosos males: nefasta política de recursos humanos, estructuras organizativas irrazonables, descompensación de recursos humanos y económicos en las unidades y órganos administrativos, opacidad en la información, ausencia de coordinación, incompetencia de muchos directivos políticos y funcionariales, y un largo etcétera.

¿Por qué no lo han detectado las instituciones de control que están ahí para que el dinero público se invierta como mejor convenga a la población en general?

La pregunta habría que dirigirla a las instituciones implicadas, aunque dudo que hagan un verdadero ejercicio de autocrítica, pues la culpa siempre la tienen “otros”. No conozco con detalle el funcionamiento interno de todas las instituciones de control. Sin embargo, aún reconociendo la falta de medios de algunas de ellas,  si esas instituciones adolecen de los mismos males que la Administración de la Junta de Andalucía podría entenderse con facilidad lo que ha pasado. El fenómeno que explicaba anteriormente de “cartelización” del partido político afecta también a las instituciones de control, internos y externos, dada la escasa independencia que dichas instituciones tienen del partido en el poder o de los partidos representados en el Parlamento.

La independencia e imparcialidad de las instituciones de control en Andalucía no existe, no interesa a los políticos de los partidos que ocupan cargos en el poder. Y una vez más, la ciudadanía es la que sufre las consecuencias.

Y voy a poner el dedo en una de las llagas: ¿cómo es posible que a la Junta de Andalucía no le salpiquen los casos de corrupción urbanística -como los ocurridos en la costa malagueña y almeriense-, si, por un lado, tiene la competencia para aprobar definitivamente los planes urbanísticos municipales, y por otro, le corresponde a las Delegaciones del Gobierno de la Junta el control de la legalidad de los actos y acuerdos de los Ayuntamientos? Lamentablemente, la ignorancia del pueblo siempre juega a favor de los corruptos que ocupan el poder.

’Espero que algún día la mayoría abandone su actitud de quietud y desidia hacia los asuntos públicos, pues el futuro de todos está en juego’’

 

– ¿A qué se han dedicado la Intervención de la Junta, la Cámara de Cuentas, los defensores del Pueblo, los jueces, la fiscalía, el Parlamento, la Oposición política, los sindicatos y demás organizaciones sociales, incluso los medios de comunicación y la propia ciudadanía?

Que la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía no detecte las actuaciones irregulares de la Administración Pública y sus entes instrumentales; que determinados Letrados del Gabinete Jurídico de la Junta, del Consejo Consultivo, del Parlamento y de las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías no advirtieran de la inseguridad jurídica que se creaba con muchas de las normas aprobadas (como los Estatutos de la Agencia Tributaria de Andalucía) o de infracciones del ordenamiento jurídico; que las Intervenciones de la Junta que han fiscalizado los gastos internamente, o la Cámara de Cuentas que los fiscalizaba externamente, o incluso que las empresas contratadas que han auditado las cuentas de los entes instrumentales, no detectaran y denunciaran todo lo que estaba pasando; que el Defensor del Pueblo no lo manifestara; todos son signos claros de que la regulación de las organizaciones públicas y de su funcionamiento, diseñada y aprobada por el partido que ha gobernado tantos años en Andalucía (con su mayoría en el Parlamento), no responde a lo que exige el ordenamiento jurídico: satisfacer los intereses generales.

Minimizar el riesgo de la malversación y extravío de fondos públicos es una obligación de los poderes públicos, pero la actual organización de la Junta de Andalucía y su regulación no sólo no lo persigue ni consigue, sino que abona el terreno para la corrupción.

No es cómodo el papel de los fiscales y jueces en los casos de corrupción, pues enfrentarse con el poder no es tarea fácil, y como funcionarios que son pueden sufrir las mismas o más presiones que el resto de funcionarios públicos, dadas las graves consecuencias que en los políticos tienen sus acciones y decisiones. A ello se añade la presión mediática.

Pero no todas las actuaciones pueden ser juzgadas por la vía penal, también hay otras vías para exigir responsabilidades a las autoridades y que no se utilizan, como la reclamación patrimonial a los causantes del mal funcionamiento de los servicios de las Administraciones. Y no se utiliza porque el alto cargo que debe exigirlo pertenece al mismo partido político que el responsable del mal funcionamiento de los servicios. Una señal más de la baja calidad democrática de nuestros representantes políticos.

Algunas organizaciones de la sociedad andaluza, públicas y privadas, no sólo no han denunciado la situación existente, sino que se han aprovechado de ella para sus intereses particulares, en una simbiosis institucional perversa para los intereses de los andaluces y del Estado en general. Y algunos medios de comunicación se dedican a  ocultar o manipulan la información a la ciudadanía, y supongo que no gratis.

Respecto a la ciudadanía, espero que algún día la mayoría abandone su actitud de quietud y desidia hacia los asuntos públicos, pues el futuro de todos está en juego, y lo que a priori parece muy lejano, como si nunca pudiera afectarnos, no lo está tanto, y ese día llegará irremediablemente. Nos afectará a toda la ciudadanía andaluza y será muy complejo solucionarlo, pues exigirá esfuerzos enormes, y muchos ciudadanos se resistirán a asumirlo.

En Madrid, la gente lucha por salvar la sanidad pública, sale a la calle para defender sus derechos. ¿Qué ocurre en Andalucía para que la gente no sea consciente de que los servicios públicos se han puesto en manos de intereses privados o de gente allegada al partido en el poder?

Pueden ser múltiples las causas por las que la ciudadanía andaluza no reacciona ante lo que ocurre en su propia Administración, tales como obtener ventajas de la situación creada (contratos y nombramientos, ayudas y subvenciones, etc.), tener miedo a los cambios, ignorancia, desidia por los asuntos públicos, ser “fanático” de una ideología determinada, etc.. Independientemente de la causa, esta quietud o inacción acabará revolviéndose en perjuicio de ella misma, y no será fácil solucionarlo.

Es cierto que en la Sanidad andaluza no hay tantos centros hospitalarios en manos privadas (mediante conciertos), pero este argumento es engañoso, porque se obvia cuantificar el coste de todos los servicios sanitarios privatizados, que son muchos en la sanidad andaluza (ambulancia, farmacia, laboratorio, intervenciones quirúrgicas, etc.). No veo la transparencia por parte de los gobernantes andaluces cuando se habla de estos temas.

Pero lo peor está por llegar, si no se ha instalado ya: me preocupa enormemente la privatización salvaje que se está haciendo de servicios básicos como la seguridad, abastecimiento de agua, la depuración de aguas residuales, la recogida de residuos sólidos, etc. Muchos Ayuntamientos y Diputaciones andaluces, en los que gobiernan partidos políticos de distintos signos, han realizado o estudian realizar cesiones a empresas privadas de nuestras infraestructuras básicas por muchos años, hipotecando nuestro futuro y no permitiendo mejorar las condiciones de estas cesiones en el futuros inmediato. Y todo ello, a cambio de conseguir dinero, liquidez, para seguir alimentando, en demasiados casos, el clientelismo de los partidos gobernantes.

Y la misma Junta de Andalucía ha vendido y puesto a la venta, a mi juicio de forma ilegal, sedes administrativas que forman parte del dominio público, es decir, del patrimonio de todos los andaluces, siendo bienes inalienables salvo que dejen de estar afectados a un servicio público, lo cual no ha ocurrido en algunas de las ventas ya efectuadas.

La empresa privada tiene un sólo objetivo: rentabilizar económicamente su actividad, obtener el máximo de beneficios al menor coste posible. No les interesa invertir en mejorar las infraestructuras públicas, porque esos activos los pierden cuando acaban los contratos. Esto las diferencia de la Administración Pública. Otros países están sufriendo las consecuencias de estas privatizaciones: cortes de electricidad, falta de abastecimiento de agua, conservación y mantenimiento inadecuados, etc., hasta el punto que están republificando (siento el anglicismo) la gestión de los servicios básicos, algunos incluso estratégicos, como el sector eléctrico. Y nosotros estamos admitiendo sin resistencia que suframos lo mismo. Es triste, pero ésta es la realidad.

Si el pueblo andaluz no abre los ojos, en poco tiempo tendremos que añadir otro problema más: la hipoteca de nuestro “patrimonio”. ¿Qué futuro estamos dejando a nuestros hijos?

 ¿Qué le mantiene a usted en  esta lucha? ¿Comparte  esta empresa con muchos otros?

  Realmente somos pocos los que reaccionamos ante estas “desviaciones” del poder. Es más cómodo no actuar, aunque los efectos de esta quietud acabe afectando a todos por igual: subida de impuestos, recortes en prestaciones sociales, menor gasto en sanidad, disminución de inversiones en infraestructuras públicas, inseguridad jurídica, corrupción continuada, etc.  Y el resultado es un empobrecimiento generalizado del que nadie escapa, salvo el corrupto en demasiadas ocasiones.

 No sabría decir exactamente las causas por las que tomé partido en contra de estas actuaciones “desviadas”. Como ciudadano comprometido, lucho contra las injusticias y por mantener mi dignidad. No puedo quedarme indiferente cuando observo como determinados políticos engañan a la ciudadanía con mentiras y demagogia, y se aprovechan de la ignorancia de parte de ella; y obviamente, no me gusta que me roben con tanto descaro mi aportación económica a la sociedad como contribuyente, y que tanto esfuerzo me cuesta conseguir. La corrupción es un cáncer que corroe las estructuras de la sociedad hasta derrumbarla, y no me agrada acabar así.

 – ¿Hoy en día, están organizados?

 Si la pregunta se refiere a la ciudadanía en general, la respuesta es no. Andalucía se desangra a la vista de todos, pero pocos deciden abrir los ojos para conocer el motivo y actuar en consecuencia.

En Andalucía, no existe cultura de organización y movilización civil, más comunes en las culturas anglosajonas. Y de eso siempre han sacado provecho los parásitos y vividores que disfrutan a costa del esfuerzo de los demás.

Los funcionarios tenemos la ventaja de conocer mejor el engranaje político-administrativo, al formar parte de él. Si la ciudadanía fuera más receptiva y nos escuchara con atención, posiblemente estaría mejor informada de lo que le está afectando día a día, y podría conocer los verdaderos motivos por los que han subido tanto los impuestos o se ha recortado tanto en los servicios públicos y en las inversiones.

– El movimiento de protesta más fuerte se produjo  en el seno de la Junta de Andalucía en 2010, con el movimiento naranja, que supone la primera rebelión de los funcionarios contra el poder político que había dominado el terreno como una balsa de aceite durante 30 años. ¿Qué provocó aquella reacción?

No creo que exista una causa única. Quizá fue el despertar de un colectivo que venía conociendo y sufriendo muchas de las “desviaciones” manifestadas en un gota a gota, hasta que el decretazo del Consejo de Gobierno andaluz sobre la reordenación del sector público, en pleno verano de 2010, alcanzó el súmmum de las aberraciones jurídicas sufridas, colmando el vaso. También algunos percibimos el peligro que acechaba detrás de estas modificaciones legales, y que ahora empiezan a manifestarse y conocerse a través de los medios de comunicación. 

Comparemos la situación actual de la Junta de Andalucía con lo que dijo el primer Presidente de la Junta de Andalucía, el Sr. Escuredo (del partido socialista), en su Sesión de Investidura celebrada en los Reales Alcázares el miércoles 14 de julio de 1982: “Las Consejerías y demás órganos de la Junta y de su Gobierno serán los mínimos necesarios para desarrollar Andalucía y poder prestar eficazmente los servicios encomendados. Los cargos políticos serán los estrictamente necesarios y en los diferentes niveles de gestión se situarán personas de las diversas escalas de los funcionarios.

Nos moveremos con un doble objetivo de evitar el incremento de los gastos de personal y lograr la eficacia en la gestión de nuestras competencias. En consecuencia, no vamos a crear una doble burocracia”.

La duplicidad de la Administración andaluza con la creación de infinitos entes instrumentales –agencias, sociedades y fundaciones-, donde el nepotismo (contratación laboral “a dedo”) ha sido el común de los denominadores, y donde los manejos de los fondos públicos se han realizado sin el control necesario –al no ser Administración Pública-, son hechos incuestionables. La Cámara de Cuentas así lo ha expresado en numerosos informes sin consecuencias significativas, dado que no han generado ni exigencia de responsabilidades a los culpables ni las mejoras necesarias. No se puede esperar nada distinto de un Parlamento en el que casi todas las legislaturas el PSOE-A ha contado con la mayoría absoluta y gobernado siempre en la Administración Pública andaluza.

 ‘’La Junta cuenta con unos 328 entes instrumentales, además de las Universidades y  las Agencias Administrativas, a los que se ha transferido más de 6.000 millones de euros en un solo año’’

 Para que la ciudadanía se haga una idea, según los datos aportados por la Junta de Andalucía al Ministerio de Hacienda, a 01/01/2013, la Junta cuenta con unos 328 entes instrumentales, sin contar con las Universidades ni las Agencias Administrativas, a los que se ha transferido más de 6.000 millones de euros en un solo año.

El movimiento naranja se ha dormido, pero es posible que se despierte de nuevo cuando deje de cobrar la nómina o se retrase su abono, o cuando algunos funcionarios vean trasladado su puesto de trabajo a una Agencia Pública Empresarial. Pero sin duda será la ciudadanía la que volverá a sufrir los perjuicios de esta nueva aberración jurídica.

– ¿Qué es la administración paralela?

Es la denominación coloquial que se da a los infinitos entes instrumentales de la Administración andaluza: agencias, sociedades mercantiles y fundaciones. Se denomina “paralela” porque se les está otorgando  potestades públicas que corresponden y coinciden con las de la Administración General (Consejerías y Agencias Administrativas), de manera que unas y otras tienen las mismas funciones (sancionan, otorgan subvenciones y las reintegran, desahucian, expropian, etc.), infringiendo el ordenamiento jurídico. La ilegalidad ha sido puesta de manifiesta en numerosas sentencias de los Tribunales de Justicia, incluso en informes del Gabinete Jurídico de la propia Junta de Andalucía, pero el PSOE-A, con los apoyos de los sindicatos UGT y CCOO, sigue adelante con este disparate.

Por poner un ejemplo concreto, la Agencia Andaluza de la Energía tiene otorgada por el Consejo de Gobierno la posibilidad de dar subvenciones y ayudas –y de reintegrarlas-, como también la tiene la Consejería a la que está adscrita. ¿Por qué duplicar esa función? ¿Qué razones de interés público hay detrás de esa decisión? Y esto ocurre en casi todas las Consejerías y sus entes instrumentales adscritos.

Quizá la respuesta la encontremos en que el manejo de los fondos públicos por una Agencia empresarial tiene menos controles que en la Consejería; también quizá porque la Agencia puede contratar al personal que decida su Gerente, lo cual no puede ocurrir en una Consejería, pues sólo puede ingresarse en la Función Pública mediante la superación de unas pruebas públicas, reguladas y aprobadas previamente mediante Ley y sus reglamentos que garantizan una mínima formación y preparación para trabajar para los ciudadanos; quizá en que el personal contratado laboralmente en la Agencia puede ser despedido en cualquier momento –por ejemplo, si no acata cualquier orden de su superior político-, mientras que un funcionario no puede ser despedido si no acata una orden o muestra su desacuerdo ante una decisión arbitraria; quizá porque el gasto de una subvención o ayuda, o de un contrato, no se somete a fiscalización previa en la Agencia, sino a una auditoría o control financiero cuando ya ha transcurrido el tiempo necesario para no poder recuperar un posible extravío de fondos públicos, lo cual difícilmente puede pasar en la Consejería cuando los gastos se hacen mediante un procedimiento reglado y sometido a fiscalización previa; quizá se está llenando de contenidos a una Agencia para justificar su existencia y la contratación de personas que interesan al partido que gobierna, y que para mantener sus puestos de trabajo darán su voto -y su familia- al partido político que los contrató; etcétera.

Con ello no quiero decir que no sea necesario ningún ente instrumental, porque es obvio que determinadas actuaciones de los poderes públicos no pueden someterse al procedimiento rígido de una Administración Pública, pero jamás deberían ejercer potestades públicas que afecten a la ciudadanía en sus relaciones con la Administración, porque el peligro de abusos o desviaciones del poder es evidente con la regulación que tienen dichos entes. Los entes instrumentales podrán dedicarse a ejecuciones de índole material como podas de árboles, apagar incendios, recoger heridos, trasladar enfermos, etc., pero nunca dar subvenciones o reintegrarlas, sancionar, expropiar, desahuciar, inspeccionar y levantar actas, archivar documentos oficiales, etc. Es decir, todas aquellas decisiones de la Administración Pública que pueden afectar a sus relaciones con la ciudadanía, no pueden salir de la órbita de la misma, por imperativo del ordenamiento jurídico.

Si el Gobierno andaluz no restablece la normalidad jurídica en este asunto, mucho me temo que será muy complicado luchar contra la corrupción y el posible latrocinio de las arcas públicas, arcas que cada año se llenan con nuestros tributos con la consiguiente atracción de corruptos.

¿A dónde van a parar, en última instancia,  los miles de millones del presupuesto público andaluz que se derivan a los entes instrumentales?

En la actualidad no es posible hacer un seguimiento en tiempo real de cada paso en la ejecución del gasto que realizan todos los entes instrumentales y del destino de las ayudas  y subvenciones que otorgan, a diferencia de cualquiera de los gastos de las Consejerías y Agencias Administrativas, que quedan reflejados en las distintas fases del procedimiento del gasto público en el Sistema Contable Júpiter de la Junta de Andalucía.

Y aunque se supone -no hay constancia de ello- que algunos entes instrumentales están grabando periódicamente (parece ser que trimestralmente) los datos económicos y financieros en el subsistema SIEJA del Sistema Contable Júpiter, hay que tener en cuenta que la contabilidad de los entes instrumentales es diferente a la de la Administración Pública, al tratarse de entes que se rigen por su propia normativa contable y financiera -muy similar a la mercantil de cualquier empresa privada o de forma idéntica en muchos casos-, y sus presupuestos tienen una estructura diferente al de la Administración Pública. Por ello, es imposible conocer en tiempo real la ejecución del gasto y sus ingresos, o los datos de su endeudamiento, incluso quienes son los beneficiarios de las ayudas económicas y subvenciones que están otorgando -insisto, esto último infringiendo el ordenamiento jurídico-. El problema radica en que el control de ese gasto se realiza siempre “a posteriori”, y si ha habido algún extravío de fondos, su recuperación se hace tarea muy compleja o imposible.

Esta falta de control acaba teniendo resultados tan perniciosos para la ciudadanía como los conocidos en los medios de comunicación y en los informes de la Cámara de Cuenta (Invercaria, Idea, Soprea, etc.), y me temo que no serán los únicos. No conocemos todavía a ciencia cierta cuál es el destino de todas las ayudas económicas que han otorgado y siguen otorgando estos entes instrumentales, ni el gasto real de su personal, ni la eficacia del trabajo que realizan, ni de las empresas privadas con quienes formalizan contratos, pues la falta de transparencia es mayúscula en estos entes instrumentales.

‘’En 2012,  la Junta ha tenido que endeudarse con bancos para pagar a los proveedores –más de 2.700 millones de euros- y en 2013 ha tenido que hacer lo mismo a través del Fondo de Liquidez Autonómico –más de 4.000 millones de euros’’

 

 – ¿Se puede sostener mucho tiempo más el deterioro progresivo de los servicios públicos y el mastodonte en que se ha convertido la Administración?

No, no es sostenible en el tiempo, salvo que la ciudadanía acepte un incremento de los tributos a pagar a la Administración, con el consiguiente empobrecimiento de la población andaluza, y acepte sumisa el soportar recortes en prestaciones sociales, en la sanidad pública, en la educación, y en general en todos los servicios públicos, tal como desde hace tiempo está realizando la Junta de Andalucía.

 ¿Y la culpa de todo la tienen “los otros”, la oposición, como si hubieran gobernado alguna vez la Junta de Andalucía? No seré yo quien defienda la labor de oposición que han realizado los partidos políticos que no han gobernado nunca en Andalucía, que bien poco han hecho, pero hay que ser cínico para mantener este argumento, cuando el artículo 135 de la Constitución, modificado sin el refrendo de los españoles en la época de Zapatero como Presidente de la nación, nos obliga a pagar de forma prioritaria la deuda que los propios gobernantes han generado con la gestión nefasta del gasto público, primando el clientelismo en las contrataciones de personal y empresas, abonando el terreno para la corrupción, y sin velar por el bienestar de los ciudadanos.

 ¿Sabe la ciudadanía que no hubiera sido necesario recortar, como lo ha realizado la Junta de Andalucía, en materias tan importantes como la educación, sanidad o servicios sociales, si no se hubieran creado y mantenidos tantos entes instrumentales mastodónticos e innecesarios a todas luces? ¿Acaso sabemos cuál es la deuda real de la Junta de Andalucía? Como dato anecdótico, en 2012 la Junta ha tenido que endeudarse con bancos para pagar a los proveedores –más de 2.700 millones de euros- y en 2013 ha tenido que hacer lo mismo a través del Fondo de Liquidez Autonómico –más de 4.000 millones de euros-. Algunas de estas operaciones de préstamo se han suscrito a largo plazo (hasta diez años).

¿Cuánto tiempo pagaremos los andaluces esta nefasta gestión de nuestros impuestos y tasas? ¿El partido que ha gobernado Andalucía más de 30 años no tiene ninguna responsabilidad? Yo procuro llevar a gala no tener impresa la palabra “imbécil” en mi frente.

La lucha en los tribunales tuvo grandes logros, más de una veintena de sentencias dieron la razón a los funcionarios. Pero, la sentencia del Supremo fue un golpe mortal para el movimiento. ¿Qué fue de la rebelión naranja?

Primero he de aclarar que estas sentencias se refieren exclusivamente a la integración del personal laboral de fundaciones, sociedades mercantiles y empresas públicas, que no superaron pruebas de selección como las que se exigen a los funcionarios, para convertirlos en laborales de la Administración. Por tanto, no se ha debatido todavía el grave trasfondo que hay detrás de toda la reordenación del sector público, que no es más que la creación de un granero de votos al partido político que los contrató (aunque tengan otra ideología, la mayoría vota “a la mano que les da de comer”), así como el manejo de los fondos públicos –nuestros tributos- al margen de los controles habituales de la Administración Pública, que está sometida al Derecho Administrativo y a un régimen económico financiero muy controlado. Es decir, la reordenación efectuada por el partido socialista es el abono perfecto para la corrupción y para perpetuarse en el poder, como presuntamente parece haber ocurrido a la luz de las instrucciones judiciales puestas en marcha, y las que posiblemente vengan detrás.

Todos esperamos que el Tribunal Constitucional traiga la luz necesaria para que la situación se restablezca, y acabe anulando la citada sentencia del Supremo, que parte de premisas erróneas, dando la razón finalmente a los magistrados y fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que han visto con absoluta claridad que la actuación de los gobernantes de la Junta supone un “desprecio al Estado de Derecho”.

Y respecto a la pregunta sobre la “rebelión naranja”, que fue la primera manifestación masiva en la Historia de España de funcionarios públicos –espero que algún día la ciudadanía logre entender y reconozca el trasfondo de esta protesta masiva-. Quizá la indiferencia mostrada por la mayoría de los ciudadanos andaluces hacia nuestra movilización, en la creencia de que se trataba de un tema que sólo afectaba a los funcionarios públicos, desinfló en parte el movimiento; quizá la mayoría de los funcionarios ha considerado suficiente la presentación de los recursos judiciales contra las normas de la reordenación del sector público, sin darse cuenta que la lucha contra las inmunidades del poder debe ser continua. Cualquier día de estos, muchos funcionarios se verán afectados porque sus puestos han sido adscritos a una empresa pública (denominado ahora “agencia pública empresarial”), situación que finalmente acabará perjudicando por muchos motivos a toda la ciudadanía.

– ¿Por qué se disolvió  el movimiento de la Resistencia Ciudadana?  

He de negar la mayor, dado que el movimiento que iniciamos algunos ciudadanos no se ha disuelto. El germen de la Resistencia sigue vivo, y algunos seguimos actuando a otros niveles, aunque no tenga de momento la difusión que tenía antes.

Por mi parte, tengo el compromiso personal de seguir adelante con el movimiento, pero he querido dejar pasar el tiempo suficiente para madurar la decisión. Siendo consciente de que hace falta pedagogía social, recientemente he iniciado un ciclo de charlas o conferencias por Andalucía para dar a conocer a la ciudadanía el fenómeno de la corrupción en nuestra Comunidad, visto desde las entrañas del gran “monstruo” en que se ha convertido la Junta de Andalucía. Y estoy abierto a recibir invitaciones para impartirlas en la Comunidad andaluza.

‘’El tiempo nos enjuiciará como pueblo y nuestros descendientes estarán en su derecho de pedirnos explicaciones’’

 Cualquier movimiento ciudadano supone un esfuerzo personal, pero tengo la certeza de que el objetivo es lo suficientemente valioso como para dejar de comprometerme y participar en el mismo. Se trata del futuro de la sociedad andaluza, de su supervivencia en un mundo cada vez más globalizado, en el que no te puedes despistar ni un minuto. La solución a nuestros problemas pasa necesariamente por una acción responsable, por el camino de la mejora, y esa vía exige esfuerzo. ¿Quiénes están dispuestos a mejorar y avanzar en Andalucía?  El tiempo nos enjuiciará como pueblo, y nuestros descendientes estarán en su derecho de pedirnos explicaciones. ¿Qué les diremos? ¿Que los culpables fueron “otros”…?

 – ¿En qué quedaron las denuncias que ustedes presentaron ante el fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía?

 Todas se archivaron, aunque algunas de ellas se van a tramitar en otros ámbitos. No puedo adelantar las actuaciones que se realizarán, y que se darán a conocer en su momento.  No obstante, me quedo con lo expresado en uno de los escritos de respuesta de la Fiscalía a una de las denuncias presentadas. En resumidas cuentas venía a decir que, sin perjuicio de la gravedad de los hechos denunciados, se propone el archivo de la denuncia por no poder abrir una causa general contra la Junta de Andalucía. Creo que sobran los comentarios.

 – ¿Tiene algún indicio o sabe si se utilizan malas artes para acabar con estos movimientos ciudadanos de protesta?   

 No, no tengo constancia personal de “malas artes”. Lo que sí está probado es la manipulación que realizan determinados medios de comunicación, cercanos o simpatizantes del partido socialista, por no hablar de la omisión de noticias referidas a las acciones de nuestro movimiento en las que hemos puesto de manifiesto las irregularidades de la Junta de Andalucía. Por poner un ejemplo concreto, una cadena nacional de televisión me grabó una entrevista, y no sólo no dieron ni un solo segundo de la misma, sino que dieron la noticia con un contenido que nada tenía que ver con la protesta que estábamos haciendo. Esta manipulación fue difundida en vídeos a través de internet para demostrar la manipulación, dado que teníamos grabadas las entrevistas en las que se criticaba la actuación de los gobernantes de Andalucía.

Usted defiende el papel del funcionario como garante de los derechos de la ciudadanía, pero, ¿no cree que gran parte de lo acontecido en Andalucía no habría sido posible sin la connivencia de una élite directiva de funcionarios con el poder político?

Debo matizar la afirmación que se realiza en la pregunta. Mi defensa de la Administración Pública no se traduce en la del papel del funcionario, va más allá. La denostada Administración Pública, de corte weberiana o burocrática, organización convertida interesadamente en la mala de la película, criticada por su rigidez, por su falta de adecuación a los tiempos modernos, por su personal ocioso y perezoso, la considero como una organización necesaria para conseguir de forma óptima servir los intereses generales bajo principios constitucionales, minimizando el riesgo de la corrupción.

Por ello mi defensa se centra en la de dicha Administración Pública, sometida al Derecho Administrativo, con personal funcionario imparcial –al que se le exige una formación y preparación en su ingreso mediante las pruebas oportunas-, para evitar que puedan adoptarse decisiones arbitrarias o caprichosas por el poder ejecutivo, para evitar la posibilidad de que los políticos del partido que gobierne decidan según su voluntad personal en las relaciones con los ciudadanos. Hoy día es posible una Administración Pública moderna, que de respuesta a lo que demanda la ciudadanía, pero en Andalucía se han empeñado en denostarla para justificar la aparición de los entes instrumentales.

Es absolutamente falso que la gestión en la Administración no pueda ser ágil, ni responder a los tiempos actuales, ni actuar con eficacia. Esas falacias son la justificación que necesitan y utilizan los interesados en desviar la actuación del poder ejecutivo hacia otros fines distintos a la satisfacción del interés general. Si los responsables políticos tomaran las medidas oportunas para diseñar la organización de forma óptima, si la gestión del personal de las Administraciones se realizara como se debiera, es decir, justo lo contrario de lo que han realizado nuestros gobernantes, sería complicado reprochar la actuación de la misma en sus relaciones con la ciudadanía.

Claro está, resulta muy fácil conseguir que se produzca la crítica negativa de la actuación de la Administración Pública si se colocan a personas incompetentes en puestos directivos de la misma. Cuando se hunde una empresa privada, ¿la responsabilidad es de sus trabajadores o de sus gestores? ¿Por qué va a ser distinto en la Administración Pública?

En cuanto a la pregunta de la posible responsabilidad de funcionarios públicos que han actuado con connivencia de políticos, estoy totalmente de acuerdo, aunque no se puede generalizar. ¿Los motivos? Ya expuse anteriormente algunos de los motivos, pero hay que añadir otro fundamental: la carrera profesional de los funcionarios ha sido eliminada en la Junta de Andalucía, de manera que no hay posibilidad de ascender en base exclusivamente a tus méritos profesionales y experiencia por antigüedad. He visto como funcionarios recién ingresados en la Administración han sido nombrados Jefes de Servicios sin estar preparados, sin experiencia, pasando por encima de funcionarios con mayor preparación que pueden ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, habiendo primado el político que los nombra criterios –amiguismo, interés compartido, etc.- diferentes al del mejor servicio a la ciudadanía. Desde mi punto de vista, esto también es corrupción: a cambio de obtener mayores retribuciones, el funcionario ascendido mira hacia otro lado para no tener que señalarse ante su jefe político con sus informes y actuaciones. Es triste tener que admitir que haya funcionarios así, y aunque supongo que ocurre igual en la empresa privada, hay una diferencia esencial: en el sector privado, el dinero en juego es el del empresario o accionistas, mientras que en la Administración Pública el dinero es el de todos los ciudadanos.

Finalmente, ¿Han acabado con la función pública tal como se diseñó en la Constitución de 1978?  ¿Qué nos espera ahora?

En la Junta de Andalucía está a punto de morir la Función Pública. La Constitución Española no la diseñó, sólo sentó los principios fundamentales en qué debía basarse. Han sido las leyes y sus reglamentos quienes la han diseñado, y tristemente en Andalucía, estas normas no tienen puesto el objetivo en la satisfacción del interés general, sino en fines diferentes, porque es imposible justificar las atrocidades que están ocurriendo.

¿Qué nos espera? Lo que queramos los ciudadanos, principalmente, y lo que los funcionarios públicos puedan aportar en esta difícil tarea, si están dispuestos a servir realmente a la ciudadanía. Para ello, es evidente que no se puede contar con los políticos de un partido que lleva gobernando más de 30 años en Andalucía y que no ha sabido -o no ha querido- dar los pasos oportunos para conseguir optimizar la Administración de la Junta de Andalucía.

– ¿Cree que habrá adelanto electoral?

Soy incapaz de adivinarlo, pero la situación actual de Andalucía, así como de sus instituciones, desde cualquier óptica con la que hagamos el análisis, no ofrece otra salida. En mi opinión, el PSOE-A, el único partido que ha gobernado en Andalucía en todas las legislaturas, no tiene capacidad para conseguir el cambio que necesita nuestra Comunidad. Necesita sufrir profundas transformaciones para poder ofrecer soluciones a los andaluces. Pero por la salud de nuestra región e higiene de nuestra democracia, creo firmemente que no debería seguir gobernando Andalucía.  

¿Que el partido que venga lo puede hacer peor? Todo es susceptible de empeorar, pero lo reitero, por higiene democrática necesitamos nuevos aires en la Junta de Andalucía. Un régimen como el que padecemos nos puede hundir para siempre en la pobreza.

Gracias, Luis. Por todo. 

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3 Respuestas

  1. Sebastián Fernández
    Sebastián Fernández

    Hoy, dia de Andalucia, no hay mejor fecha para publicar esta estupenda entrevista a Luis Escribano, una entrevista que todo andaluz comprometido debería leer, pues aquí Luis nos habla de la corrupción que hay en la Junta, algo que todos conocemos pero ante la cual nos mostramos indiferentes y para cuando queramos reaccionar ya será demasiado tarde.
    Hoy 28 de Febrero, conoce lo impagable, …perdón, imparable que es Andalucia, pero que está resultando desastroso para el bien general de los andaluces.
    Enhorabuena por la entrevista!

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  2. Casandra

    Magnífica exposición, Luis. Muchas gracias por tu permanente estado de alerta. Espero que algún día tanta lucha se vea recompensada. Un saludo.

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